La nueva ordenanza de civismo que ha comenzado en vigor, no prohíbe la utilización de esa clase de ropa en la calle y en los sitios públicos, una norma que sí se incluía en la anterior, una decisión que produjo un gran debate y fue tumbada finalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
El alcalde de la ciudad de Reus, Carles Pellicer, ha admitido que el ayuntamiento tiene las manos atadas en este asunto mientras las administraciones superiores no regulen el caso.
Por esta razón, la normativa sólo incluye una disposición adicional en la que se nombra la opción de favorecer "la identificación del rostro de los ciudadanos en los lugares públicos cuando la legislación superior lo permita".
Con esta disposición, el consistorio se guarda la posibilidad de volver a tratar la problemática en el momento que haya una normativa superior que lo permita.
La anterior ordenanza de civismo, aprobada en PP y CiU a comienzos del año 2014, no permitía ir con burka en los lugares públicos, apuntando que los agentes podían identificar aquellas personas que fueran con la cara tapada.
Diferentes asociaciones islámicas llevaron la normativa al TSJC, que decidió anular los artículos donde se hacía referencia a la prohibición amparándose en la decisión que había acogido el Tribunal Supremo con una normativa semejante al Ayuntamiento de Lleida. La actual norma descarta esta prohibición para adecuarse al marco que fija la justicia.
La única situación en la normativa prevé que se pueda pedir la identificación de cualquier ciudadano cuando "las fuerzas del orden detecten indicios de situaciones de riesgo". La reciente ordenanza fue aprobada luego de un proceso participativo hecho con partidos políticos, entidades y vecinos de la ciudad de Reus, España. (Lee también: Irak será el primer país en legalizar el matrimonio con niñas)